ACTIVISTAS ASEGURAN QUE LAS DEPORTACIONES CARCOMEN LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE

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EL GOBIERNO DE OBAMA INSISTE EN QUE ICE ESTÁ DANDO PRIORIDAD AL ARRESTO DE MIGRANTES QUE ENTRARON DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO TIENEN CAUSA DE ASILO Y TIENEN ORDEN DE DEPORTACIÓN.

La familia de Ana Lissette Mejía Gutiérrez no ha dormido tranquila desde los primeros días de enero, cuando la migrante hondureña y su hijo, de entonces 9 años de edad, fueron detenidos en una redada de inmigración.

“Vivimos semanas de pesadillas”, cuenta a Univision Noticias Johana Gutiérrez, tía de Lissette. “Se los llevaron de aquí de Atlanta primero a una cárcel de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) aquí en Georgia, después a Carolina del Norte, luego a Texas y más tarde a Filadelfia. Dos meses estuvieron presos hasta que los liberaron para que pudieran seguir peleando el caso. Es una situación terrible y no sabemos en qué va a resultar”.

Lissette Gutiérrez y su hijo formaron parte del grupo de 121 migrantes centroamericanos arrestados durante la ola de redadas de enero en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) dijo en diciembre que ICE estaba cumpliendo con el memorando del 20 de noviembre de 2014 que fijó las prioridades de deportación. La lista incluye a migrantes que entraron después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación.

“Mi sobrina había apelado la decisión cuando se la llevaron. Por eso la soltaron para seguir luchando. Pero con las nuevas noticias de redadas tenemos los mismos miedos que en enero”, dijo Johana.

La última amenaza

El nuevas noticias se publicaron hace dos semanas cuando la agencia Reuter reportó que ICE alistaba una nueva andanada de detenciones y el DHS confirmó que ICE llevaría a cabo “operaciones” durante un período de 30 días.

“No sabemos si a ella se la llevarán de nuevo y esta vez la deporten. No sabemos nada porque el gobierno no dice nada. Ella y su hijo huyeron de Honduras en el 2014 porque le mataron a su pareja y a un hermano. En la frontera pidieron asilo pero hasta ahora no han conseguido la protección que buscan”, dijo Johana.

El caso de Lissette es uno de los más de 130,000 mil registrados hasta ahora por las autoridades federales y puestos en proceso de deportación (68,541 niños solos detenidos en el 2014, 39,970 en 2015 y 27,754 en el primer semestre de 2016) y que un juez decida sus futuros en Estados Unidos.

“Estoy en contra de esta política de arrestarlos y deportarlos”, dice a Univision Noticias Bárbara Hines,
Senior Fellow de Emerson Collective, en Texas. “Las mujeres, sus hijos y los niños no acompañados no deben ser una prioridad de deportación para el DHS. Se trata de personas que huyen y buscan refugio de la violencia tan marcada y extensa de Centroamérica”.

Hines agrega que “la mayoría de esta población migrante no puede acceder a servicios legales accesibles pro-bono, y otros, muchos, han sido representados por abogados incompetentes” que los han llevado a perder sus casos de asilo y ser puestos en proceso de deportación.

Informe lapidario

Un reciente informe del grupo Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reveló que entre octubre de 2015 y abril de 2016 las cortes de inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) han presentado 44,204 órdenes de deportación a inmigrantes, y una de cada cinco fue expedida en Texas, donde se ha ordenado a 10,102 inmigrantes indocumentados que abandonen el país.

Agrega que Texas, California y Georgia son los tres estados donde se ha expedido el mayor número de órdenes de deportación en lo que va de año fiscal 2016.

En enero el TRAC reportó que en promedio el 86% de los niños y mujeres migrantes que se presentaron a las cortes de inmigración lo hicieron sin la representación de un abogado.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés), dijo que más del 93% de los casos donde no hay una representación legal adecuada, los jueces emiten una orden de deportación.

La crisis no termina

“En vez de gastar miles de dólares en cárceles para
familias centroamericanas y más dinero para redadas y deportaciones, el gobierno (de Obama) podría dirigir esos recursos a abogados para esta población refugiada”, dijo Hines. “La solución es dedicar recursos y políticas coherentes para resolver la crisis en Centroamérica (la violencia, las maras y la falta de protección institucional”.

La abogada e investigadora dijo además que “la crisis es allá, no acá. Las personas siguen viniendo por la inseguridad que viven en sus países de origen” (Guatemala, El Salvador y Honduras) y que las deportaciones “no van a parar la ola de migrantes pero si sirven para generar mas medio en la comunidad migrante en los Estados Unidos”.

“Todas las mujeres que atiendo (en el centro de detención de ICE) en Karnes City (ubicado en San Antonio, Texas) están tan asustadas, han vivido tanta violencia e inseguridad en sus países, que sus temores no se detendrán hasta que hayan soluciones en Centroamérica. Ellos van a seguir buscando un lugar seguro para sus hijos” aquí en Estados Unidos, lejos de la violencia, apuntó.

En estado de alerta

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han vuelto a encender las alertas por el aumento de las deportaciones. “Estamos muy decepcionados con los reportes en torno al incremento de redadas en contra de familias centroamericanas, en especial de aquellos refugiados que llegan a Estados Unidos escapando de la violencia en sus países de origen”, dijo a Univision Noticias Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota.

El activista añadió que ”estas familias, mujeres y niños deben ser protegidos y no perseguidos y enviados a una muerte segura”.

Investigadores y grupos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch (HRW), han advertido que los migrantes que pierden sus casos de asilo y son deportados, corren un alto riesgo de ser asesinados en sus países de origen por las personas o grupos que provocaron que huyeran a Estados Unidos en busca de protección.

Cabrera indicó que “las deportaciones causan pavor y dolor en la comunidad inmigrante, y aunque es verdad que mandan un mensaje fuerte a los centroamericanos para que no sigan viniendo, no es moral poner más en riesgo las vidas de estos refugiados que están aquí y pidieron asilo”.

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Fuente:Univision

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