ATAQUES EN BRUSELAS PRESIONAN AL PROGRAMA DE REFUGIADOS EN EEUU

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MIAMI, Florida.- Los atentados terroristas del martes en Bruselas reavivaron la presión de aspirantes presidenciales y grupos conservadores para restarle poder al Ejecutivo en las decisiones sobre refugiados en favor del Congreso, los estados y las localidades.

El Centro de Estudios de Inmigración (CIS) divulgó hoy un análisis del proyecto de ley HR4731, encaminado, entre otros objetivos, a reducir a 60 mil el número de refugiados que recibe el país anualmente.

Esta facultad está actualmente en manos del presidente Barack Obama, que cifró en 85 mil el número de estos inmigrantes para el año fiscal en curso, que termina el próximo 30 de septiembre.

El estudio de CIS, un grupo de estudios conservador, se hace eco de la negativa de una treintena de gobernadores a recibir refugiados en sus estados y también del rechazo de algunos de los precandidatos republicanos, como Donald Trump, a que Estados Unidos acoja a esas personas que huyen de sus países.

“En este momento no podemos permitir que estas personas entren en nuestro país, lo siento”, expresó este martes el empresario inmobiliario tras los ataques terroristas de Bruselas, que han dejado por el momento 31 muertos y 270 heridos.

“Tenemos que detener de inmediato el flujo de refugiados procedentes de países con una presencia significativa de Al Qaeda o el Estado Islámico”, manifestó por su parte, el también aspirante republicano Ted Cruz.

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Sin embargo, para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), se trata de un debate en un ambiente politizado que busca atacar el programa federal de refugiados. “Son frases con las que los políticos buscan infundir miedo y complacer” a sus votantes, manifestó hoy Dree Collopy, portavoz de AILA.

En el mismo sentido se expresó Esmeralda López, directiva del Comité Nacional para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), quien señaló a Efe que el mensaje “sería el mismo” independientemente de que haya o no atentados, porque su interés es que “la gente de afuera no sea bienvenida”.

En términos generales, el proyecto HR 4731, sometido el pasado 14 de marzo por los congresistas republicanos Raúl Labrador y Bob Goodlate, le resta al Ejecutivo poderes para decidir el número de refugiados y su asentamiento.

Para Dan Cadman, autor del estudio de CIS, la iniciativa, que la semana pasada fue aprobada en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, promueve “cambios al programa” con el fin de reducir “los riesgos para la seguridad nacional”.

La medida deja en manos del Congreso la autorización para aumentar la cuota de refugiados, a la vez que permite a los estados y ciudades rechazar el asentamiento de esas personas en sus territorios, ya sea por decisión de su Ejecutivo o Legislativo.

El proyecto “respeta los derechos de los ciudadanos al permitir que los estados y localidades rechacen el reasentamiento de refugiados en sus comunidades”, expresó Cadman.

Tras los atentados del pasado 13 de noviembre en París, que dejaron 130 muertos, una treintena de gobernadores en EEUU anunció que no acogerían a más refugiados en sus estados, argumentando motivos de seguridad.

Desde la presentación del proyecto, 234 organizaciones civiles nacionales y estatales han mostrado su oposición a esta medida, entre ellas AILA, USCRI, la Liga Antidifamación (ADL) y Amnistía Internacional de EE.UU.

“La HR 4731 está muy desacertada y va en contra de nuestros valores como nación de inmigrantes”, señaló hoy Stacy Burdett, directiva de la Liga Antidifamación (ADL), al señalar que “el mundo se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial”.

Burdett manifestó su rechazo al proyecto al considerar que además de reducir “drásticamente” el número de refugiados y “dar poder de veto” a los estados, “alimenta la xenofobia y la intolerancia de los antimusulmanes”.

En una carta enviada al congresista Goodlate, las organizaciones lamentaron también que la ley daría prioridad a los refugiados por razones religiosas sobre aquellos que huyen por cuestiones de raza, nacionalidad y opinión política, entre otros.

“Esta ley enviaría un mensaje a todo el mundo que si un país como Estados Unidos no le abre las puertas a los refugiados en una crisis humanitaria con más de 60 millones de desplazados, no habría entonces responsabilidad para ningún país”, aseguró López.

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Fuente:EFE

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