CÁRCEL DE ICE EN PENSILVANIA OPERA SIN LICENCIA

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Un polémico centro de detención familiar de ICE en el condado Berks, Pensilvania, está operando sin licencia respaldado por una apelación entablada al estado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

Otros dos centros bajo el mando de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (ICE, por su sigla en ingles), que operan en Texas, están funcionando con un nuevo permiso bajo el rubro de centros de cuidado infantil.

ICE dijo que el funcionamiento del centro es autorizado por el Departamento de Servicios Sociales de Pensilvania en tanto se resuelve la apelación, proceso que puede demorar varias semanas.

A finales de enero el Centro Residencial de Berks County, ubicado a 70 millas de Filadelfia, tenía 84 residentes, la mayoría madres centroamericanas indocumentadas con hijos menores. La lista incluía a cinco familias arrestadas durante las redadas del primer fin de semana de enero.

En la mirilla

El centro Berks es una de las tres cárceles familiares que ICE habilitó en el 2014 para enfrentar la crisis causada por una oleada migratoria de niños centroamericanos.

Los otros dos, Karnes City y Dilley, ubicados en San Antonio, recibieron licencias para funcionar como albergues de menores, permisos que le permiten a la agencia esquivar una orden judicial dictada el año pasado que obliga al gobierno a liberar a los detenidos en cumplimiento de un acuerdo judicial alcanzado hace 18 años.

Los migrantes detenidos en los tres centros huyen de sus países (Guatemala, El Salvador y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y llegaron a Estados Unidos buscando asilo.

Campaña en contra

La Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania (PICC, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que el centro de detención de familias en el condado Berks “debe ser cerrado porque no tiene licencia, y está operando al margen de la ley federal y estatal”.

Agregó que el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania debe liberar a los detenidos en cumplimiento al fallo judicial dictado el año pasado por una corte del centro de California, que exigió respetar un acuerdo judicial firmado hace 18 años.

En agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la corte distrito del centro de California, dictaminó que las autoridades federales de inmigración violan el acuerdo Flores versus Meese, alcanzado en 1977, que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.

Plazo vencido

Gee también fijó como plazo hasta el 23 de octubre para que el DHS cumpliera la orden. Pero el DHS apeló el dictamen alegando que la liberación de los menores y sus madres enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica, situación que podría activar una nueva crisis migratoria en la frontera, como la registrada en 2014.

Poco después del fallo, el DHS dijo a Univision Noticias que estaba en “desacuerdo” con la conclusión final de la corte, y reiteró que las instalaciones cuestionadas eran “compatibles con el mandato otorgado por el Congreso”.

Agregó que los centros familiares “siguen actuando en consonancia con estas órdenes” y que seguiría “examinando los reclamos de los familiares de los detenidos”.

La última advertencia

A principios de febrero el Secretario del DHS, Jeh Johnson, defendió la política del gobierno para tratar la oleada de migrantes. Dijo que las autoridades de inmigración a su cargo priorizan la deportación de indocumentados con antecedentes criminales y aquellos que ingresaron después del 1 de enero de 2014, por considerarlos un riesgo a la seguridad pública.

“Esta situación no tiene precedente y nuestra frustración aumenta al ver que el gobierno no desea soltar a los detenidos, los cuales viven en condiciones deplorables”, dijo recientemente a Univision Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

Velásquez dijo además que “la jueza Gee mencionó en una ocasión que los niños están sufriendo traumas bajo las condiciones en que viven”.

Fuente:Univision.com

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