La Corte Suprema escuchó argumentos sobre la Acción Ejecutiva para decidir el futuro de DACA y DAPA

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El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos escuchó esta mañana argumentos en el juicio Estados Unidos versus Texas, litigio que resolverá dos beneficios migratorios clave: parar las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados y otorgarles un permiso temporal para trabajar legalmente.

Los demandantes insisten en que las leyes solo pueden ser cambiadas por el Congreso. Y reiteran que el presidente Barack Obama abusó de su poder ejecutivo porque modificó la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso.

Frente a los argumentos que presentaron los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva Migratoria, los magistrados Sonia Sotomayor y Stephen Breyer fueron los más a favor de la idea de que existen límites en torno a cuán lejos pueden llegar los estados a la hora de demandar al gobierno federal, especialmente en torno a la idea básica que esgrimen de que tendrán que excederse en sus presupuestos si tienen que atender a los inmigrantes indocumentados a la hora de prestarles nuevos servicios, como la expedición de licencias de conducir.

Sin embargo, el abogado Scott Keller que representa al estado de Texas -uno de los demandantes- insistió en que el Congreso es el cuerpo legal que debe autorizar al presidente Obama a la hora de diferir cualquier deportación, por lo que reiteró que la acción ejecutiva no tiene base legal.

Por su parte, el magistrado Samuel Alito, visto como más favorable a la demanda liderada por Texas, salió en defensa del estado afirmando que el tema de los beneficios que recibirían los indocumentados, como la expedición de las licencias de conducir, eran el punto más importante y representaba el argumento más sólido de la demanda.

Representando al gobierno federal, Donald Verrilli fue claro al decir que cualquier demanda a una acción ejecutiva no puede estar basada en los problemas que representan dar o no licencias de conducir de inmigrantes indocumentados.

Por su parte, la precandidata demócrata Hillary Clinton dijo en un comunicado lo “crucial” que representa este caso frente al tema de fondo, una reforma migratoria integral.

“Esperamos que la justicia prevalezca sobre las políticas de odio y que los programas DACA y DAPA puedan finalmente ser desbloqueados”, dijo a Univision Noticias Kica Matos, directora ejecutiva del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por su sigla en inglés).

Para asegurar un fallo favorable previsto para junio, organizaciones locales y nacionales, entre ellas FIRM, convocaron a unas 4,000 personas frente al edificio de la Corte Suprema en Washington.

Los beneficios

La Acción Ejecutiva migratoria fue anunciada por Obama el 20 de noviembre de 2014, un año y medio después del estancamiento en la Cámara de Representantes del debate de la reforma migratoria tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley S. 744.

Entre otros beneficios, el programa frena la deportación de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país (dreamers) y se encuentran protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés), y de padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés).

La Acción Ejecutiva no alcanzó a entrar en vigor como estaba previsto el 18 de febrero del año pasado. Dos días antes, una corte de distrito de Texas falló a favor de una demanda interpuesta el 3 de diciembre de 2014 por un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos), quienes argumentaron que Obama abusó de su poder ejecutivo y que la medida viola la Constitución.

Al no lograr que la corte de Texas revirtiera el fallo, en marzo del 2014 el gobierno acudió a la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Nueva Orleans instancia que el 9 de noviembre ratificó el dictamen de Texas.

El 20 de noviembre, un año después del anuncio de la Acción Ejecutiva, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise la medida.

En enero el tribunal incluyó la petición en la agenda de debates del 2016 y fijó audiencia para el 18 de abril, donde los abogados del gobierno y de los 26 estados presentarán sus argumentos.

“Los argumentos orales de este lunes son importantes por varias razones”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de leyes de la Universidad Cornell de New York. “En primer lugar pueden proporcionar pistas de cómo el Tribunal Supremo se pronunciará a finales de junio sobre la legalidad de la Acción Ejecutiva para proteger a casi 5 millones de inmigrantes indocumentados de la deportación”.

En segundo lugar, agregó, “podrían indicar cómo los jueces se sienten acerca de las acciones ejecutivas en general”.

Yale-Loehr dijo que la decisión de los magistrados “podría redefinir el equilibrio de poder entre el Congreso y el Presidente”, y advirtió que, en general, “los tribunales de justicia han otorgado a la rama ejecutiva amplia libertad en la ejecución de la política de inmigración”.

“La pregunta aquí es si el presidente superó al amplio poder ejecutivo que tiene para no seguir postergando las deportaciones de varios millones de inmigrantes indocumentados, y también otorgarles permisos de trabajo”, señaló. “Dudo que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la autoridad general de las acciones del Ejecutivo y el equilibrio de poder entre el Presidente y el Congreso”.

Añadió que “las personas que participan en otras controversias que están involucradas en otras acciones ejecutivas tales como el control de armas o la política medioambiental, sin duda revisarán los argumentos orales en el caso Estados Unidos versus Texas para tratar de determinar cómo los retos legales en esas áreas pueden incidir en la decisión de la Corte”.

DACA: esperanza para indocumentados /Univision Television Group

Historias de inmigrantes

Las organizaciones proinmigrantes están convencidas que la audiencia convocada por la Corte Suprema tiene dos escenarios: dentro y fuera del histórico edificio.

“Adentro estarán los abogados presentando sus argumentos, pero afuera habrá unos 4,000 inmigrantes contando sus historias a la prensa”, dijo Matos. “Estamos seguros de que al final del día el tribunal fallará a favor del legítimo derecho del presidente de tomar Acción Ejecutiva para establecer prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración. Sabemos que DAPA y DACA están del lado correcto de la justicia”.

La activista dijo además que “un bloqueo a las iniciativas enviaría un mensaje de odio a todos los estadounidenses y a los niños hijos de inmigrantes nacidos aquí cuyos padres son vulnerables a la deportación. No podemos traicionar los valores de compasión y de justicia en los que se basa nuestro país”.

“Descongelar DAPA y la expansión de DACA fortalecerá a nuestras comunidades, protegerá la dignidad de las familias, creará empleos, aumentará los salarios medios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos y ayudara a crecer nuestra economía”, apuntó.

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Fuente:Univision

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