REPUBLICANOS PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA RESOLVER CRISIS FISCAL EN PUERTO RICO

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LA NUEVA MEDIDA “PROMESA” SUPONE UNA MEJORA RESPECTO A UNA VERSIÓN ANTERIOR PERO SIGUE SIENDO UN TRAGO AMARGO PARA QUIENES CONSIDERAN QUE LA NUEVA JUNTA FISCAL ES UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA Y LA LIMITADA AUTONOMÍA DEL GOBIERNO PUERTORRIQUEÑO

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes, bajo control republicano, presentó anoche su iniciativa para crear una junta de control fiscal en Puerto Rico que, según señalaron este jueves algunos críticos, es un “asalto” a la democracia y un voto de “cero confianza” en el gobierno de la isla.

La esperada iniciativa 5278, conocida por su sigla “PROMESA”, cuenta con el respaldo del secretario del Tesoro, Jacob Lew, quien indicó hoy en un comunicado que ésta permitirá reestructurar “toda la deuda pública” en Puerto Rico.

La medida, que reduce aún más la poca autonomía que tiene la isla, fue presentada a 45 días de que Puerto Rico se declare incapaz de cumplir con buena parte de un pago de $2,000 millones el próximo 1 de julio.

Es el esfuerzo más reciente del Legislativo para resolver una crisis fque ha provocado el cierre de escuelas y hospitales, recortes en los servicios, despido de maestros y otros empleados públicos, y el continuo éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja ya había puesto los frenos a otro proyecto de ley a mediados de abril pasado, y el de ahora es producto de semanas de negociaciones bipartidistas con el Departamento del Tesoro.

Por ahora, el reto que tiene de inmediato el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, es convencer a los escépticos de su bancada de que, sin llegar a un “rescate financiero”, ésta es la mejor vía para reestructurar la deuda pública de más de $72,000 millones.

En una declaración conjunta, los congresistas demócratas de Nueva York, José Serrano y Nydia Velázquez, de origen boricua, dijeron que la nueva medida es un “progreso real” pero, haciéndose eco de los reclamos de su bancada, pidieron que se protejan las pensiones de los jubilados.

El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, también de origen puertorriqueño, dijo no estar dispuesto a ceder toda la soberanía de Puerto Rico y, aunque el borrador actual es una “mejora”, necesitará revisar los detalles antes de dar el “sí”.

Poderosa junta fiscal

El proyecto de ley impone una junta federal de control fiscal que, con lupa en mano, tendría la última palabra en asuntos fiscales y presupuestarios, revisión de leyes locales, y la aprobación de contratos y regulaciones, entre otras medidas.

Asimismo, el gobierno de Puerto Rico deberá entregar informes trimestrales a la junta de funcionarios no elegidos sobre el rumbo de las finanzas de la isla.

La junta se disolvería una vez que ésta certifique que el gobierno de Puerto Rico ha producido cuatro presupuestos equilibrados de forma consecutiva, lo que garantiza que la entidad estaría en pie durante al menos un cuatrienio.

La junta tendrá siete miembros –todos expertos en finanzas o negocios- , seis de los cuales serían recomendados por el Congreso a la Casa Blanca, aunque el presidente Barack Obama podría seleccionar a otros de su preferencia.

Contrario al proyecto de ley anterior, en el que era miembro sin derecho a voto, el gobernador de Puerto Rico no tendrá participación alguna en esta nueva junta.

La legislación autoriza que se extienda una moratoria inmediata, hasta el 1 de mayo de 2017, al cobro de deudas públicas, lo que daría un respiro al gobierno isleño.

Además, la iniciativa excluye la transferencia de unos 3,100 acres de terrenos en Vieques –antes usados para ejercicios militares- a manos del gobierno de San Juan, algo que estaba contemplado en una medida anterior.

Férrea oposición a un rescate

No contentos con el nuevo texto legislativo, algunos líderes republicanos, entre éstos el vicepresidente del llamado Comité de Estudio Republicano, Andy Barr, ha dejado en claro que elaborará un proyecto de ley que prohíba cualquier rescate financiero a gobiernos locales, estatales o a los territorios por incumplimiento de sus deudas.

Desde 1984, Puerto Rico quedó excluído del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrotas del gobierno de EEUU.

Otras píldoras amargas

Por si la imposición de la junta de supervisión no fuese suficiente, la medida reduce el salario mínimo de $7,25 la hora, que es el salario mínimo federal en EEUU, a $4,25 la hora para menores de 26 años de edad.

Es una medida especialmente dura para los jóvenes, muchos de los cuales han tenido que abandonar Puerto Rico por falta de oportunidades, señalan detractores dentro y fuera de la isla.

Además, los puertorriqueños en la isla no podrán beneficiarse de la medida adoptada ayer en EEUU, que permite el pago de horas extra a quienes perciben un salario anual de hasta $47,476.

Por otra parte, lo más cercano a tener iniciativas para el desarrollo económico en la isla es la creación de un “grupo de trabajo” para entregar recomendaciones al respecto. Ese grupo deberá entregar su primer informe antes de fin de año.

Reacciones

Los copatrocinadores de la medida, legisladores republicanos Sean Duffy, Rob Bishop y James Sensenbrenner, argumentan que ésta es una alternativa “prudente” y representa la mejor opción para sacar a Puerto Rico del atolladero actual.

Pero no todos comparten ese optimismo.

Aunque confía en que el proyecto será modificado y logre rescatar a Puerto Rico del “borde del colapso”, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, enumeró sus “inquietudes significativas” sobre la iniciativa, incluyendo una junta de control “tipo neocolonial”, y la falta de medidas para reformas pro-crecimiento y de equidad en la financiación sanitaria.

Mientras, el presidente del Partido Popular Democrático, David Bernier, dijo que la medida no resuelve el problema de la deuda “sin lacerar las instituciones democráticas” en la isla, y aconsejó una ruta que incluya “la renegociación voluntaria del gobierno de Puerto Rico con los acreedores”, y medidas inmediatas del Ejecutivo Federal para prevenir las graves consecuencias de un impago en julio.

En declaraciones a este diario, el estratega demócrata, Federico de Jesús, también consideró que la legislación mejora los términos de reestructuración de la deuda pero “sigue siendo un asalto al a democracia puertorriqueña y no tiene medidas concretas de desarrollo económico”.

“Ningún congresista le pediría a sus votantes que sacrifiquen su derecho al gobierno propio a cambio de salir de un problema que en parte fue creado por el mismo Congreso, y no se lo deberían exigir a los puertorriqueños tampoco,” dijo de Jesús, ex funcionario del gobierno de Puerto Rico en Washington.

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, ha aceptado a regañadientes el proyecto de ley por considerar que éste se aproxima a las condiciones que él puede respaldar en estos momentos.

Siguientes pasos

La medida previsiblemente será votada en el Comité la próxima semana, y posteriormente en el pleno de la Cámara Baja la primera semana de junio. El Senado tiene la opción de votar el mismo proyecto de ley, o presentar su propia versión, pero el tiempo apremia, y Puerto Rico afronta un plazo de pago el próximo 1 de julio.

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Fuente:La Opinion

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